La FAM pide perdón por el escándalo de los heritage players
La Federación de Fútbol de Malasia intenta, por fin, mirar a los aficionados a los ojos. Su presidente, Ab Ghani Hassan, se plantó ante los micrófonos en Wisma FAM y ofreció algo que llevaba tiempo faltando en este caso: una disculpa clara por el escándalo de los documentos falsificados de siete jugadores nacionalizados.
No habló solo en su nombre. Dijo que lo hacía en representación de todo el nuevo comité ejecutivo de la FAM, recién llegado al poder tras la dimisión en bloque de la antigua dirigencia después de una revisión de gobernanza de la AFC. Un gesto político, pero también un mensaje: la era anterior ha quedado marcada por uno de los mayores bochornos administrativos del fútbol del país.
“Quisiera disculparme ante todos los aficionados al fútbol de Malasia por el asunto de los documentos falsificados de siete jugadores de herencia”, declaró ante la prensa. La frase no dejó espacio para la ambigüedad. La federación asume la culpa.
Un legado envenenado
Ghani fue elegido presidente de la FAM el 17 de septiembre para completar el mandato 2025-2029. Hereda una institución golpeada por las sanciones y por la desconfianza. El caso estalló a raíz de la investigación de Fifa sobre los papeles presentados para confirmar la elegibilidad de siete futbolistas naturalizados antes del clasificatorio de la Copa Asiática 2027 frente a Vietnam, disputado en junio del año pasado.
La investigación del máximo organismo mundial fue demoledora: se usaron certificados de nacimiento falsificados para sostener que cada jugador tenía al menos un abuelo nacido en Malasia. En realidad, esos orígenes estaban en España, Argentina, Brasil y Países Bajos. La narrativa de los “heritage players” se vino abajo en un informe.
Los nombres quedaron expuestos: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano. Siete futbolistas, siete casos, un mismo patrón de fraude documental.
Golpe de Fifa y portazo del TAS
La reacción de Fifa fue contundente. Multa de 350.000 francos suizos a la FAM, alrededor de 1,8 millones de ringgit. Cada jugador recibió una sanción económica de 2.000 francos suizos, unos 10.560 ringgit, y una suspensión de 12 meses.
Los futbolistas recurrieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Lograron un alivio parcial: el TAS decidió que el castigo de un año se aplicara únicamente a partidos oficiales, no a todas las actividades relacionadas con el fútbol. Podían seguir entrenando, podían mantenerse en dinámica de equipo, pero quedaban fuera de la competición oficial durante ese periodo.
El tribunal, sin embargo, fue claro en el fondo: consideró que la sanción de 12 meses por falsificación de documentos era razonable y proporcionada, teniendo en cuenta la responsabilidad “cómplice” de los jugadores en el fraude. No hubo espacio para victimismos.
Para la FAM, el desenlace fue todavía más duro. Su apelación contra las multas fue rechazada. El TAS avaló tanto el castigo económico como su proporcionalidad con respecto a la gravedad de la infracción. El mensaje hacia la federación malasia fue directo: la negligencia –o algo peor– se paga.
Presión política y promesa de reforma
El caso no se ha quedado solo en los despachos del fútbol. En julio, la Comisión de Integridad de la Agencia de Cumplimiento recomendó revisar las concesiones de ciudadanía a los siete jugadores, después de que un grupo de trabajo detectara irregularidades en el proceso. El asunto ya no es únicamente deportivo; roza de lleno la credibilidad institucional del país.
Con ese telón de fondo, las palabras de Ghani toman un peso distinto. El nuevo presidente insistió en que la FAM debe endurecer de forma drástica sus procedimientos para la gestión de documentación de jugadores y convocatorias a la selección nacional. El mensaje es simple: no habrá margen para atajos burocráticos ni para interpretaciones flexibles de los reglamentos.
Se comprometió, además, a que algo así no vuelva a ocurrir durante su mandato. Una promesa ambiciosa en un entorno donde la presión por resultados, la tentación de acelerar procesos de nacionalización y la falta de controles internos ya demostraron ser una combinación explosiva.
La FAM intenta ahora reconstruir su reputación a base de disculpas públicas y reformas prometidas. Pero en un país donde el fútbol se vive con pasión y orgullo, la verdadera prueba no estará en las ruedas de prensa ni en los comunicados. Estará en el próximo expediente, en el próximo jugador que quiera vestir la camiseta nacional y en cómo la federación decida, esta vez, comprobar cada documento.
